Si el éxito de una política pública se mide por la mejora de los servicios respecto de la situación anterior, para que esta pueda llegar a triunfar es necesario que cuente con legitimidad social. De lo contrario, ante la opinión pública la reforma puede diluirse a una guerra de intereses, sin que sus verdaderos objetivos y razón de ser calen entre la sociedad. La reforma del mercado único digital actualmente en marcha es un buen ejemplo de cómo parece que las instituciones hablan un idioma diferente del de los stakeholders afectados; aquellas han conseguido que la reforma se reduzca a una batalla de los consumidores contra los reguladores por un lado y de las compañías tecnológicas versus los creadores de contenidos por otro.
La legitimidad social se construye necesariamente con tres herramientas:
La primera herramienta sería relativa a las oportunidades de diálogo y consenso. Es necesario ofrecer espacios en los que los stakeholders implicados puedan discutir sobre los temas afectados y poner en común valoraciones y propuestas para enriquecer las propuestas. El acto que se celebró la semana pasada con ocasión de la reforma del mercado único digital (“Cultura en Red”) fue una buena ocasión para que instituciones, empresas de los sectores afectados y consumidores expusieran sus diferentes puntos de vista y comentaran las propuestas de la Comisión Europea.
La segunda herramienta es la educación. En el caso del mercado único digital y las implicaciones que tiene sobre la industria cultural, la educación es clave para que los ciudadanos entiendan la importancia de la diversidad cultural europea, la riqueza que esta aporta en términos económicos y de valores, y la ventaja competitiva que supone la cultura para la Unión Europea en un mundo globalizado. En esta área a menudo se ha puesto el foco en el aspecto punitivo de la lucha contra la piratería, sin acompañar este comportamiento sancionador de una pedagogía que explicara de una forma positiva todo lo que la cultura aporta.
Tercero, la comunicación. Aunque es un ejercicio que compete principalmente a políticos y reguladores, explicar los efectos de una reforma legislativa también beneficia a los demás stakeholders afectados. Un buen ejemplo es cómo en el referido acto de Cultura en Red, el representante de una empresa del sector audiovisual expuso, de manera clara y concisa, el sistema de financiación para producir películas en la Unión Europea, y cómo las propuestas de revisión del principio de territorialidad resultarían en una menor producción de obras europeas y por tanto en una menor diversidad de contenidos.
Particularmente importante es la comunicación en el caso de la Unión Europea, a la que se acusa a menudo de no saber conectar con los ciudadanos y de no comunicar de manera eficiente las reformas y ventajas que conlleva para los Estados. En esa estrategia confusa de comunicación, la propia Unión tira piedras contra su propio tejado cuando dice que “las normas de la UE empujan a los ciudadanos a robar”. Así fue el titular de un medio de comunicación que cubrió el evento de Cultura en Red y citó al vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip. Este tipo de mensajes, aunque intentan conectar con la ciudadanía y replican los eslóganes de algunos grupos de presión, hacen un flaco favor a la justificación y defensa de la política pública cuyo objetivo último es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
La reforma del mercado único digital trasciende los beneficios meramente económicos que aportará a los 500 millones de ciudadanos comunitarios, por su importancia estratégica en el futuro de la Unión Europea. Por eso es fundamental que instituciones europeas y nacionales logren la legitimidad social imprescindible para implantar con éxito las políticas públicas que conlleva.
Elena Ortiz