Un 45% de las asociaciones de pacientes considera que la reputación de la industria farmacéutica es buena según la organización londinense Patientview, que encuesta a más de mil asociaciones en 72 países y que publicó sus resultados este mes de marzo; tres años atrás sólo el 34% de los encuestados opinaba así. De los que mantuvieron esta opinión positiva, un 75% consideró que la industria ha aportado productos o soluciones de alto valor añadido en el 2015. Por el contrario, un 75% de los encuestados afirmó que la política de precios de la industria no es justa, a excepción del caso español donde sólo el 35% lo consideró así. ¿Podemos estar satisfechos?
No hay nada nuevo al afirmar que la industria farmacéutica nunca ha gozado de buena reputación, pero impulsada –y en casos forzada- por las corrientes de buen gobierno y transparencia, el sector farma está adoptando medidas para revertir este lastre. Sin embargo, esta cambio de imagen no es el resultado de una buena campaña de comunicación –bienvenida sea–, sino que este paradigma está siendo liderado por aquellos CEOs que están adaptando su modelo de negocio y de representación institucional a su legitimidad social. Legitimidad social entendida como la licencia social reconocida por todos los agentes (pacientes, sociedades científicas, médicos, funcionarios, autoridades, agencias) por la que la compañía busca maximizar beneficios y al mismo tiempo contribuye a la sostenibilidad del sistema de salud. En el siglo pasado, apoyar la sostenibilidad del sistema se podría ver como una externalidad negativa que impactaba negativamente en los beneficios. Hoy, los beneficios de la compañía dependen de su legitimidad social, de apoyar la sostenibilidad del sistema.
La conversación entre una compañía farmacéutica, a mi juicio, y un director general de salud de una Comunidad Autónoma, no puede centrarse en discutir sobre el posicionamiento de valor de un medicamento, sino que la conversación debe tener como centro al paciente. Como escuchaba recientemente a un decano de las relaciones institucionales, “nuestra conversación tiene que ser cómo hacemos para que los pacientes estén en su casa, que no necesiten un ingreso y que si lo necesitan, no pasen por urgencias”. Legitimidad social significa que la compañía también piense – como también decía este directivo- “cómo ayudar al sistema para tener pacientes activos, que se responsabilicen de su salud y que cuando estén enfermos sepan gestionar su enfermedad, porque esto es lo más sostenible”, más allá de vender cajas.
Legitimidad social es aportar información veraz al Ministerio de Sanidad y a la AEMPS, pero también a los médicos, a las sociedades científicas y a los profesionales de la salud.
Legitimidad social es hacer transparentes las relaciones con todos los agentes, desde los decisores políticos y reguladores a las asociaciones de pacientes. Hace unos días Farmaindustria se incorporó al registro público de intereses de la CNMC.
Legitimidad social es generar puentes de diálogo con las asociaciones de pacientes y con la ciudadanía. No se trata de hablar de las bondades de nuestros productos o ser patrocinadores de eventos sino de escuchar necesidades, recoger información y pensar soluciones que faciliten la vida de los pacientes.
“Legitimidad social mediante información veraz, transparencia y participación en la sostenibilidad del sistema”
La industria farmacéutica, a mi juicio, no tiene delante un problema de reputación, sino que afronta el reto de incrementar su legitimidad social. Una legitimidad reconocida a base de trasladar información veraz, transparentar sus relaciones con los agentes y ejercer una participación proactiva e interlocución sincera para hacer sostenible la sanidad como uno de los ejes de cualquier política pública. Aquí radica la diferencia entre la vieja y nueva dirección de las compañías farmacéuticas.
David Córdova (Doctor en Derecho Constitucional)
Socio de Vinces y Profesor IE Business School
Esta Tribuna fue publicada en versión más reducida en Correo Farmacéutico (2-05-16)