La futura ley de transparencia catalana se va perfilando lentamente en una ponencia conjunta en el Parlament. Según el último borrador del texto al que ha tenido acceso EL PAÍS, finalmente se regularán los grupos de presión y se ampliarán los sujetos sobre los que se podrá aplicar la ley, como por ejemplo las universidades públicas. Durante la pasada legislatura ya se empezó a tramitar la norma, un proceso que no finalizó por la convocatoria de elecciones anticipadas. La actual ponencia, que se constituyó en febrero, ha seguido trabajando en la propuesta hecha por los servicios jurídicos del Parlament y, hasta ahora, se han discutido 40 de los 80 artículos del texto original.
El borrador indica que se creará un registro de lobbies aunque no especifica cómo porque los diputados han decidido prorrogar el debate por la falta de acuerdo inicial. Actualmente, el proyecto explicita que el registro de grupos de interés deberá incluirse en el Portal de la Transparencia, herramienta destinada a que los ciudadanos puedan encontrar y pedir la información pública. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentó un proyecto inicial de esta página web en julio, aunque no incluía todas las funciones que la ley le atribuirá. Según explican diputados de distintos grupos, la regulación final debería permitir a los ciudadanos saber qué colectivos han influido en la toma de decisiones gubernamentales y en la aprobación de leyes. Fuentes de CiU abogan también por crear un código de buenas prácticas en la relación del Gobierno con los grupos de presión y establecer un régimen sancionador de lobbies, pero esta opción aún no se ha plasmado en el escrito.