Mariano Rajoy ha arrancado el curso político tal y como lo cerró: recordando los buenos datos económicos. Pero de cara al último año de la legislatura, sabe que esto ya no es suficiente, y ha adoptado un nuevo eje estratégico: la regeneración democrática. Esta es una baza electoral claramente reclamada por la ciudadanía en general, y por el electorado en particular. Para ello, ha puesto en marcha dos medidas: la reforma de la Ley Electoral, para que gobierne el alcalde de la lista más votada, y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para limitar el número de aforados. La primera resulta la más polémica, criticada por la oportunidad del momento político, justo antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Le negociación en el Congreso se advierte difícil, ya que la oposición sabe que con esta reforma el Partido Popular aumentaría sus probabilidades de gobernar en otras alcaldías. La segunda, propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sí parece sin embargo estar aceptada por el resto de fuerzas políticas, porque saben que es un tema del que conseguirán rédito político. El 8 de septiembre veremos exactamente qué pasos va a dar el Presidente del Gobierno, pues en esa fecha se ha convocado el Comité Ejecutivo Nacional.
En lo que empieza a constituir la tónica general de los dos partidos centrales, Pedro Sánchez también se ve embriagado por impulsar la regeneración democrática. Inició la secretaría general dando un soplo de aire fresco a la Ejecutiva socialista, y ahora está centrado en el cara a cara con los ciudadanos. Los meses venideros de precampaña serán intensos para el PSOE, cuyo siguiente paso será pasar de la calle a las Cortes, y comenzar a proponer medidas concretas.
Las fuerzas minoritarias se plantean alianzas para frenar el poder del bipartidismo. Por un lado, UPyD con Ciudadanos; por otro, Izquierda Unida con Podemos. Todavía no está claro cómo van a fraguarse estos movimientos, pero las opciones de gobierno deberían construirse antes de las elecciones si finalmente el PP lleva a cabo la elección directa de alcaldes.
El caso Pujol ha conseguido debilitar el proceso soberanista, pero el Consejo de Garantías Estatutarias concluyó a mediados de agosto que la Ley de Consultas, de la que pende el referéndum, se adecúa al Estatuto de Cataluña y a la Constitución. Pese a la fuerte división de sus miembros, el órgano consultivo respalda con su informe la consulta del 9-N, por lo que el proceso soberanista se ve fortalecido legalmente obviando su desgaste político
El PP defiende la reforma de la Ley Electoral. Paloma Cervilla argumenta en ABC que la reforma electoral que propone Mariano Rajoy para implantar el modelo de elección directa de alcaldes es una medida de regeneración democrática. El debate que quiere abrir el PP, dice, no se hace desde un mero cálculo electoralista, sino como medida de transparencia y fortaleza democrática. Sin embargo, María Fabra explica en El País que el argumento de los populares para llevar a cabo esta reforma es que los gobiernos de coalición son más corruptos que aquellos fruto de mayorías. Carlos Cué opina en el mismo medio que el PP está decidido a seguir con esta iniciativa incluso en soledad, ya que tiene una enorme presión de sus alcaldes y dirigentes territoriales. Ángel Collado sentencia en El Confidencial que la reforma electoral es una fórmula para que el Partido Popular se reactive dada la llegada de las elecciones autonómicas y municipales.
El PSOE, en clave de primarias. El PSOE convoca las primarias para las municipales y autonómicas para octubre. Así lo aprobó el pasado lunes Pedro Sánchez en la primera ejecutiva celebrada tras el verano. Ahora llega el pistoletazo de salida a la larga precampaña, dice Daniel Forcada en La Vanguardia, quién desvela además que las primarias a la presidencia del Gobierno serán en julio de 2015. Carlos E. Cué afirma en el El País que el PSOE coincide con el PP en su eje estratégico: quiere centrar el curso político en la regeneración democrática, dada la preocupación que suscitan las encuestas, el resultado de las europeas y las presiones de Podemos e IU. En ABC, se inclinan porque Pedro Sánchez sigue una estrategia más social, con actos «de calle», y dirigida a los colectivos castigados por la crisis.
La unión entre UPyD y Ciudadanos constituiría la tercera fuerza política. Lucía Méndez afirma en El Mundo que Ciudadanos y UPyD se disputan el mismo espacio electoral, con un discurso de denuncia del bipartidismo y defensa cerrada de la unidad nacional frente a los nacionalismos periféricos. A la espera de que el Consejo Político de UPyD aborde esta cuestión el 6 de septiembre, la mayoría de sus votantes están a favor de la coalición con Ciudadanos. Fernando Garea añade en El País que Rosa Díez plantea como requisitos que no haya imputados en las listas o cargos de Ciudadanos y exigencias sobre las cuentas. Federico Quevedo critica en El Confidencial el liderazgo de Rosa Díez como obstáculo a dicha coalición, razonando que para diferenciarse de los grandes partidos, debe demostrar que UPyD es más abierto y democrático. Álvaro Carvajal sostiene en El Mundo que «la unión hace la fuerza», y que con la alianza UPyD ganaría influencia regional.